El Gobierno ya se ha puesto manos a la obra para dar cobertura legal al polémico
fracking,
nombre con el que se conoce la extracción de gas no convencional
mediante fracturación hidráulica. El Consejo de Ministros aprobó el 1 de
marzo un anteproyecto de ley sobre sistemas eléctricos en el que
incluyó un apartado de control ambiental para esta técnica. Será
obligatorio someter esos proyectos al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental. Este viernes, solo 15 días después, el anteproyecto
ya era proyecto de ley y empezaba su tramitación.
Medio centenar de Ayuntamientos de Cantabria y Castilla y León
escribieron en enero al ministro de Industria, José Manuel Soria, a
través de la
Federación Española de Municipios y Provincias, para trasladarle su “preocupación” por el impacto que los estudios de
fracking
podían tener en el medio ambiente de sus territorios y “en la salud de
sus vecinos”. Soria contestó a finales de febrero y dejó clara su
postura: “Este ministerio considera que esta técnica debe ser permitida”
siempre que se cumplan las medidas de protección del medio ambiente y
las personas. Para tranquilizar a los municipios, añadía que las
empresas deberán constituir seguros de responsabilidad civil “para hacer
frente a eventuales incidentes”.
El grupo Popular en el Congreso también ha propuesto recientemente la
implantación de un tributo que grave la extracción de hidrocarburos en
España para financiar con esos ingresos a las comunidades y
Ayuntamientos donde se ubiquen los yacimientos. La oposición y las
organizaciones ecologistas lo interpretan como el intento de ofrecer un
aliciente económico a los municipios o regiones reticentes.
El
fracking es adorado y temido con igual intensidad. Para unos, esta técnica de obtención de gas pizarra (
shale gas
en inglés), convertirá inútilmente a España en una especie de queso
gruyer. Para otros, es la oportunidad de oro de un país que importa el
99% de los hidrocarburos que consume. Emularía así a Dakota del Norte
(EE UU), uno de los Estados líder en su explotación. Las mayores
críticas al
fracking están relacionadas con un aumento de
episodios sísmicos, riesgo de filtraciones de gas metano a los
acuíferos, dudas sobre la composición de los productos químicos y el
excesivo gasto de agua.
El documental Gasland,
ganador del premio especial del jurado en el festival de Sundance,
muestra los efectos en los acuíferos en zonas de EE UU plagadas de pozos
de
fracking con imágenes impactantes de granjeros que prenden fuego con un mechero al agua que sale de sus grifos.
Los avances de la técnica —que comenzó a usarse en Estados Unidos
hace 40 años— y el tremendo interés que demuestran las empresas del
sector por usarla a España genera grandes temores medioambientales y
muchas expectativas. España tiene, según cálculos del Consejo Superior
de Colegios de Ingenieros de Minas,
recursos de gas no convencional para 39 años de consumo.
Ni si quiera esas expectativas convencen a todos. El diputado
socialista Hugo Morán, secretario federal de ordenación del territorio y
sostenibilidad, cree la mayoría de los municipios afectados no lo ve el
sistema con buenos ojos. “Es muy fácil acceder, a través de Internet,
por ejemplo, a estudios rigurosos sobre sus efectos”, subraya. “El
lobby ya está actuando”, aporta el geólogo Julio Barea, responsable de la campaña de energía y cambio climático de
Greenpeace España. “Los empresarios han creado la
plataforma Shale Gas
para contraargumentar todo lo que vamos diciendo”, incide. Laia Ortiz,
diputada de la coalición Izquierda Plural, critica que el
boom del
fracking
esté paralizando todas las energías renovables: “Es una postura miope,
son los últimos coletazos para aprovechar unos recursos finitos”.
Claves de una técnica controvertida
¿Qué es? La fractura hidráulica, o fracking,
consiste en romper rocas que albergan los hidrocarburos (gas o
petróleo) mediante la inyección a alta presión de un compuesto de agua
(99,5%), arena y productos químicos. Se perfora entre los 2.000 y 6.000
metros de profundidad.
Los avances de los últimos años permiten exprimir los restos de la esponja gasística y petrolera. Dentro del gas no convencional, se encuentra el shale gas (de pizarra), el tight gas (se extrae de arenas compactas) y el coal bed methane (metano del manto de carbón).
Expectativas en España.Las zonas con mayor potencial para extraer gas
de pizarra son, por orden de expectativas de las empresas: la Cuenca Vasco-Cantábrica (donde
ya se han realizado 202 sondeos de exploración y se estima la
existencia de 1,08 billones de metros cúbicos de gas no convencional),
el Macizo Cantábrico (con dos sondeos y una previsión de 381.000 millones de metros cúbicos), la Cuenca Surpirenaica (en la que se ha perforado 63 veces y se presume un almacenamiento de 263.000 milones de metros cúbicos) y la Cordillera Ibérica (con 18 sondeos y 95.000 millones de metros cúbicos).
Los últimos datos del sector contabilizan 70 permisos de investigación vigentes
y otros 75 pendientes de otorgar, 47 de ellos ante las comunidades
autónomas. Este interés por el subsuelo español no se había visto desde
los años setenta. Los permisos son genéricos, de “investigación de
hidrocarburos”, pero la mayoría prevé utilizar el fracking para obtenerlos.
El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas ha presentado
esta semana un estudio que aconseja no perder este tren energético. Uno
de los dos coautores, el catedrático Fernando Pendás, tiene la doble
vertiente de empresario del sector. Las nueve compañías de
investigación, exploración y producción de hidrocarburos, agrupadas en
la
asociación Aciep,
han anunciado inversiones privadas de entre 700 y 1.000 millones. El
sector insiste en que la sociedad debe conocer “la realidad tecnológica,
las medidas de seguridad y los beneficios”. Los cálculos de los
empresarios traducen el “espectacular” botín gasístico a 700.000
millones de euros, en función de los precios actuales de mercado. “Si le
sumamos las expectativas de petróleo, valoradas en unos 150.000
millones euros, y todo se confirma en reservas, redondeando la cifra
tendríamos casi el PIB de España en un año, que es aproximadamente de un
billón de euros. Todo potencialmente en nuestro subsuelo”, afirma Juan
Carlos Muñoz-Conde, vicepresidente de Aciep.
“Dicen que Europa no es Dakota del Norte —donde se encuentra la formación rocosa Barnett, la de mayor potencial hoy en día de shale
gas—, pero si retrocedemos 300 millones de años, vemos que los
continentes estaban juntos y que Europa estaba con Dakota del Norte.
(...) Geológicamente somos Dakota del Norte, podemos serlo, hay que
vencer todos esos prejuicios”, defiende Enrique Hernández, director
técnico de la consultora Gessa, especializada en exploración e
investigación geológica y geofísica del subsuelo, y autor de un informe
encargado por el sector.
El espejo de Estados Unidos ofrece dos imágenes. Por un lado, la
extracción de gas no convencional ha logrado dinamizar la economía,
crear empleo y disponer de gas al 20% del precio que se paga en Europa.
Por otro, varios informes, como el publicado en 2011 por la universidad
estadounidense de Cornell, inciden en que la emisión de gases de efecto
invernadero en explotaciones de gas pizarra es mayor que en yacimientos
convencionales, incluso que en las de carbón.
Los detractores del fracking insisten en que, a pesar de las
expectativas geológicas, España no tiene ni la legislación de EE UU
—donde el subsuelo es propiedad privada y no del Estado— ni la
demografía. “No es casual que la explotación en ese país se concentre en
zonas despobladas e incluso desérticas. Encontrar espacios no habitados
similares es algo excepcional en España y la mayor parte de la UE”,
señala el diputado Morán. Los permisos de investigación concedidos hasta
ahora para detectar hidrocarburos en España facultan a su titular para
sondear, en exclusiva y en una superficie determinada, la existencia de
petróleo o gas. Aún no hay ninguno de gas pizarra en fase de
explotación.
“Geológicamente somos como Dakota del Norte”, dice un experto
El debate sobre el
fracking llegó al gran público en 2011 cuando el entonces
lehendakari
vasco, Patxi López (PSE), anunció por todo lo alto que en Euskadi se
había encontrado una reserva de gas pizarra equivalente a cinco veces el
consumo anual de toda España.
Su Ejecutivo respaldó el proyecto, llamado Gran Enara,
a través de la sociedad pública Hidrocarburos de Euskadi. El Gobierno
de Iñigo Urkullu (PNV) le puso freno nada más ganar las elecciones. La
fuerte contestación social en Álava hizo incluso que varios municipios
se declarasen “zona libre de
fracking”. Prácticamente cada semana se constituye una nueva organización ciudadana en algún punto del país contra la técnica.
La
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
nació al calor de la protesta del alcalde de Albuquerque (Badajoz),
Ángel Vadillo, por la supresión de las primas a las energías renovables.
Ahora cuenta con el apoyo de 64 organizaciones y más de 600 personas
que, según su portavoz, José Vicente Barcia, se preguntan “por qué
España incentiva estas tecnologías en lugar de hacerlo con las energías
renovables”. Y apunta: “¿Por qué Alemania, un país con mucho menos sol,
tiene un parque de energía solar mucho más extenso que el nuestro?”. La
plataforma se presentó en la puerta del Club Financiero Génova, donde la
asociación Aciep ofreció su rueda de prensa, “con el fin de mostrar que
la sociedad civil rechaza esta práctica porque contribuye al cambio
climático, tiene un gravísimo impacto ambiental, contamina los acuíferos
y pone en peligro la vida de las poblaciones cercanas”.
“Este ‘boom’ está paralizando las renovables”, señala
la oposición
Europa carece de una legislación común sobre los requisitos
ambientales que requiere este controvertido método de extracción de
hidrocarburos, y no parece que vaya a tenerla en breve. La división
entre países, e incluso entre comisarios de unas áreas y otras, es
evidente. Francia, Irlanda o Bulgaria han impuesto moratorias al fracking.
Polonia apuesta decididamente por este método. “Va a ser difícil
conseguir una armonización”, pronostica el eurodiputado por ICV Raül
Romeva. “El comisario Oettinger, de Energía, es defensor a ultranza con
el argumento de la soberanía energética, pero Potocnik, el comisario de
Medio Ambiente, dice ‘cuidado’, y alerta de que hay demasiadas
incertidumbres y de que no está claro que los beneficios económicos
compensen”.
Hasta ahora, los informes pedidos tanto por la Comisión Europea como
por el Parlamento han mostrado conclusiones divergentes. Uno de ellos,
de enero de 2012, afirmaba que no es necesaria más regulación ambiental.
En cambio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en noviembre
pasado en la que le dice a la Comisión que
debería “complementar y extender la legislación medioambiental europea”.
El comisario Potocnik declaró también en noviembre que la UE no tiene
competencias para declarar una moratoria en toda la Unión, pero anunció
que se abría un
periodo de consultas sobre el fracking, aún en vigor, para que organizaciones y particulares puedan hacer sugerencias.
